El 4 de julio de 2017 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fallado que, con criterio general, la banca deberá pagar las costas de todos los procesos en los que resulte condenada por aplicación de cláusulas suelo abusivas.
Las cláusulas suelo (aquellas que no permiten que baje la cuota aunque lo hagan los tipos de interés) afectan a unos 3,5 millones de familias. Después de perder más del 90% de las demandas judiciales, los bancos están pactando con los clientes su anulación. Sin embargo, este proceso judicial es largo
en el tiempo y caro por los costes. La Unión de Consumidores de
Asturias ha encontrado una vía más rápida y barata. Ha denunciado ante
el Principado de Asturias 2.179 hipotecas de bancos por tener cláusulas
abusivas, apoyándose en la sentencia de mayo de 2013 del Tribunal
Supremo, que las calificó así cuando no estuvieran bien explicadas a los
clientes o sus condiciones fueran claramente favorables para la
entidad.
El Gobierno autónomo, controlado por el PSOE, tras cumplir los
trámites administrativos, ha hecho públicas las primeras multas. Además
de abusivas, considera el agravante de que el crédito hipotecario es un
bien de primera necesidad porque supone la base para poseer la vivienda.
Hasta el momento, el Principado ha impuesto 53 sanciones de 8.000
euros cada una por falta grave a la Caja Rural de Asturias, Banco
Popular, Liberbank (controlado por la antigua Caja Asturias), Banco
Pastor y Caja España. Quedan 2.126 expedientes, pero seguirán el mismo
camino ya que los casos son similares, según Dacio Alonso, presidente de
Unión de Consumidores Asturias-UCE. “Si se sancionan todos los
contratos denunciados, estas cinco entidades tendrán que pagar 17,43
millones de euros”, calcula.
Sin embargo, la estrategia de la Unión de Consumidores no es buscar
la sanción al banco sino retirarla si llega a un acuerdo razonable con
el perjudicado. Así se consigue el objetivo principal que es la retirada
de la cláusula y el pago de lo cobrado indebidamente, sin pasar por los
juzgados, que están atascados por la multitud de casos que les llegan.
El Banco Sabadell, con fuerte implantación en la región por haber
comprado el Banco Herrero, no tiene ningún caso denunciado porque ha
pactado con sus clientes.
Alguna de las entidades multadas ha manifestado su intención de
recurrir la sanción al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este
paso tiene la ventaja de que evita pagar la multa. Sin embargo, si
perdieran en primera instancia, la sanción al banco sería firme porque
el importe es inferior a 30.000 euros.
Para el banco es más rentable pagar los 8.000 euros que mantener la
cláusula porque si no la retira, la siguiente sanción tiene la
calificación de muy grave por el agravante de mantener una condición
abusiva y puede llegar a los 100.000 euros.
Dacio Alonso considera que el Principado “ha actuado con mucha
valentía porque las entidades financieras afectadas son las que le
financian y han hecho muchísima presión para evitar las sanciones”. En
opinión del presidente de la UCE de Asturias, lo más importante de esta
vía “es que puede agilizar los trámites para las 3,5 millones de
familias [en toda España con cláusulas suelo en sus hipotecas. Todos los
Gobiernos autónomos tienen competencias en sus respectivas direcciones
generales de Consumo, pero, a diferencia del Principado, no hacen nada.
Se limitan a recomendar al perjudicado que se dirija al Banco de España,
a sabiendas que este organismo tampoco hace nada porque dice que no es
de su competencia”.
“La Unión de Consumidores denuncia la connivencia y prevaricación de
los Gobiernos autónomos que, teniendo plenas competencias para sancionar
a los bancos y cajas por el abuso y engaño de las cláusulas suelo
siguiendo el ejemplo de Asturias, optaron por proteger sus intereses,
antes que el de sus ciudadanos”, afirma en un comunicado. Esta
organización pretende que estas cláusulas “le cuesten dinero, reputación
y clientes a los bancos”, apunta Alonso.
Según los cálculos de la UCE, esta cláusula supone un sobrecoste por
la hipoteca superior en muchos casos a los 200 o 300 euros mensuales.
También afirma que la cláusula suelo impide al cliente beneficiarse de
las rebajas en el tipo de interés que algunos bancos prometieron a los
hipotecados que domiciliaban la nómina, contrataba una tarjeta o varios
seguros. “Como dijo la sentencia del Supremo, estas oferta eran
engañosas, no hay duda”.
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