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Dedicado a luchar contra todo tipo de injusticia y abusos.

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Clausula suelo: Modelo de denuncia gratis


El 4 de julio de 2017 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fallado que, con criterio general, la banca deberá pagar las costas de todos los procesos en los que resulte condenada por aplicación de cláusulas suelo abusivas.
Las cláusulas suelo (aquellas que no permiten que baje la cuota aunque lo hagan los tipos de interés) afectan a unos 3,5 millones de familias. Después de perder más del 90% de las demandas judiciales, los bancos están pactando con los clientes su anulación. Sin embargo, este proceso judicial es largo
en el tiempo y caro por los costes. La Unión de Consumidores de Asturias ha encontrado una vía más rápida y barata. Ha denunciado ante el Principado de Asturias 2.179 hipotecas de bancos por tener cláusulas abusivas, apoyándose en la sentencia de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, que las calificó así cuando no estuvieran bien explicadas a los clientes o sus condiciones fueran claramente favorables para la entidad.
El Gobierno autónomo, controlado por el PSOE, tras cumplir los trámites administrativos, ha hecho públicas las primeras multas. Además de abusivas, considera el agravante de que el crédito hipotecario es un bien de primera necesidad porque supone la base para poseer la vivienda.
Hasta el momento, el Principado ha impuesto 53 sanciones de 8.000 euros cada una por falta grave a la Caja Rural de Asturias, Banco Popular, Liberbank (controlado por la antigua Caja Asturias), Banco Pastor y Caja España. Quedan 2.126 expedientes, pero seguirán el mismo camino ya que los casos son similares, según Dacio Alonso, presidente de Unión de Consumidores Asturias-UCE. “Si se sancionan todos los contratos denunciados, estas cinco entidades tendrán que pagar 17,43 millones de euros”, calcula.
Sin embargo, la estrategia de la Unión de Consumidores no es buscar la sanción al banco sino retirarla si llega a un acuerdo razonable con el perjudicado. Así se consigue el objetivo principal que es la retirada de la cláusula y el pago de lo cobrado indebidamente, sin pasar por los juzgados, que están atascados por la multitud de casos que les llegan. El Banco Sabadell, con fuerte implantación en la región por haber comprado el Banco Herrero, no tiene ningún caso denunciado porque ha pactado con sus clientes.

Alguna de las entidades multadas ha manifestado su intención de recurrir la sanción al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este paso tiene la ventaja de que evita pagar la multa. Sin embargo, si perdieran en primera instancia, la sanción al banco sería firme porque el importe es inferior a 30.000 euros.
Para el banco es más rentable pagar los 8.000 euros que mantener la cláusula porque si no la retira, la siguiente sanción tiene la calificación de muy grave por el agravante de mantener una condición abusiva y puede llegar a los 100.000 euros.
Dacio Alonso considera que el Principado “ha actuado con mucha valentía porque las entidades financieras afectadas son las que le financian y han hecho muchísima presión para evitar las sanciones”. En opinión del presidente de la UCE de Asturias, lo más importante de esta vía “es que puede agilizar los trámites para las 3,5 millones de familias [en toda España con cláusulas suelo en sus hipotecas. Todos los Gobiernos autónomos tienen competencias en sus respectivas direcciones generales de Consumo, pero, a diferencia del Principado, no hacen nada. Se limitan a recomendar al perjudicado que se dirija al Banco de España, a sabiendas que este organismo tampoco hace nada porque dice que no es de su competencia”.
“La Unión de Consumidores denuncia la connivencia y prevaricación de los Gobiernos autónomos que, teniendo plenas competencias para sancionar a los bancos y cajas por el abuso y engaño de las cláusulas suelo siguiendo el ejemplo de Asturias, optaron por proteger sus intereses, antes que el de sus ciudadanos”, afirma en un comunicado. Esta organización pretende que estas cláusulas “le cuesten dinero, reputación y clientes a los bancos”, apunta Alonso.
Según los cálculos de la UCE, esta cláusula supone un sobrecoste por la hipoteca superior en muchos casos a los 200 o 300 euros mensuales. También afirma que la cláusula suelo impide al cliente beneficiarse de las rebajas en el tipo de interés que algunos bancos prometieron a los hipotecados que domiciliaban la nómina, contrataba una tarjeta o varios seguros. “Como dijo la sentencia del Supremo, estas oferta eran engañosas, no hay duda”.
Contactenos y le confeccionaremos el escrito a su medida tan solo tendra que firmarlo y entregarlo.


Gratis - Modelo de recurso de alzada

Modelo de recurso de alzada para sanciones y expedientes administrativos, totalmente gratuito.


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VIVA BEATRIZ EVA ROMAN GOBERNADO

El recurso lo dice todo, DOS LINEAS DE RAZONAMIENTO SIN MOTIVACIÓN ALGUNA DEJAMOS HASTA DE SUBIR EL AUTO PORQUE ES VERGONZOSO.
EDITO: BUENO LO SUBIMOS QUE PASEN VERGÜENZA QUE SE NOTE QUE USAN PLANTILLAS LASTIMOSAS.



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SUSANA JUNQUERA BAJO EN INTELIGENCIA

El recurso lo dice todo, DOS LINEAS DE RAZONAMIENTO SIN MOTIVACIÓN ALGUNA DEJAMOS HASTA DE SUBIR EL AUTO PORQUE ES VERGONZOSO.
EDITO: BUENO LO SUBIMOS QUE PASEN VERGÜENZA QUE SE NOTE QUE USAN PLANTILLAS LASTIMOSAS.



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BEATRIZ EVA ROMAN GOBERNADO

Dos escritos diferentes, firmados por la misma persona con diferente firma, es de cajon que uno es falso.
Pues en Vitoria esto se archiva sin mas y eso que el que es falso esta presentado en el colegio de abogados de vitoria.
Jueza BEATRIZ EVA ROMAN GOBERNADO denunciada por no perseguir delitos articulo 408 codigo penal, junto con la del 3 y el 4.

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Idoia Zubiarran Fernandez

Según esta fiscal que te digan que la pensión esta eliminada cuando tienes que pagar es asesorar, claro me llego denuncia por impago pero parece que la culpa es mía cuando la abogada me decía que no tenia que pagar y a mi nadie me había dado una sentencia que leer, increíble sera feminazi también?
Pondría su resoucion pero me da pereza ya, y la grabación donde se escucha claramente a la abogada Elena Martinez Ximenez decirme que la pensión había sido eliminada, cosa que me creí pues mis ingresos eran 0€, no la puedo poner por la LOPD 
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Ana Jesús Zulueta Alvarez


Muy bien por Ana Jesús Zulueta Alvarez juez de Vitoria del juzgado de instrucción 3, se pasa la tutela judicial efectiva por donde yo te diga, denuncio una serie de cosas que han salido en un procedimiento que lleva su juzgado, y anteriormente hice un recurso porque calificaron lo que en mi opinión son lesiones y acoso como delito de amenazas leves.
En el auto se me dice que no hay nexo y es cuando hago un recurso extraordinario de revisión con varias sesiones grabadas de psicólogos de osakidetza DIFERENTES en las que todos coinciden en que hay nexo, y me contesta con una providencia que en resumen es tan escasa que dice: "estese a lo acordado en el auto tal". Señora juez a un recurso no se contesta con una providencia eso lo primero. Segundo hago acusaciones que nada tienen que ver con el acoso o lesiones, como falsificación de documento y e infracción del articulo 461.1 si no recuerdo mal entre otras, así que como me voy a estar a lo acordado que no son lesiones ni acoso si no tiene nada que ver lo denunciado y si ni tan siquiera me dice porque no son delito estas?
Aquí su ultima resolución que debería ser auto porque contesta entre otras cosas a un recurso extraordinario de revisión y mi respuesta, además de lógicamente recurrir con un recurso similar al realizado contra 3 providencias del juez Jaime Tapia Parreño que deberían ser autos y tampoco estaban motivadas en absoluto, una providencia la de  Ana Jesús Zulueta Alvarez  que debería ser auto y no esta motivada en absoluto, tal y como las del juez Jaime Tapia Parreño que recibí hace poco también y la podéis ver en las entradas anteriores, es poner otra ampliación de denuncia que pongo al final, me parece increíble que esta señora sea abogado y no le suspendan cautelarmente tal y como he pedido en repetidas ocasiones:



Al juzgado de instrucción 3 delitos leves 346/2017
Ampliación de denuncia
Buenos días, Yo Eduardo Jorge Elorriaga de Rueda con DNI 72580431k y domicilio en C\Antonio Machado 48 2b Vitoria CP: 01010 y móvil 606030697, como mejor se ajuste a derecho y dentro del plazo legalmente establecido digo:
Primero de todo debo introducir el delito que nuestro Código Penal de 1995 ha mantenido desde su promulgación en la época ya final de la larga presidencia de Felipe González. Lo encontramos en el artículo 173 CP y establece lo siguiente: “El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años.” Además, la misma pena se le impondrá a quien, en el ámbito de una relación laboral o funcionarial, aproveche la superioridad que se le presupone para humillar a otro, aun sin realizar trato degradante, suponiendo un grave acoso contra la víctima. Y el mismo castigo también se le impondrá a quien humille o lleve a cabo actos hostiles, sin necesidad de que constituyan trato degradante, teniendo como objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
Ello sin perjuicio por lo dispuesto en el 177 CP, donde se impone la aplicación del concurso real de delitos (Que castiga separadamente cada delito sumando las penas de cada uno) para aquellas conductas típicas (sancionadas y recogidas en el CP) que acompañen a la del trato degradante que menoscabe gravemente la integridad moral del sujeto pasivo. Ello implica que aun cuando la conducta llevada a cabo para menoscabar la integridad moral de la víctima cause a la vez otro delito de los contemplados en el 177 CP, deberá aplicarse el concurso real, no el ideal o medial. Por ejemplo, Fernando se encuentra con Esteban paseando por su barrio. Este último ha tenido una aventura con su mujer y Fernando lo ha descubierto recientemente, así que pretende vengarse de él dejándolo en ridículo. Aprovecha el momento de confianza para empujar a Esteban, que conmocionado no puede defenderse y gracias a ello, Fernando puede llevar a cabo su plan, que era el de atarle a un semáforo desnudo con una pintada en el pecho con la palabra ‘Traidor’. Pues bien, obviamente este exagerado ejemplo resulta fácil de encuadrar en lo que es un trato degradante que menoscaba la integridad moral de la víctima (Aunque aún no he desarrollado este concepto debidamente), pero es que a la vez, al atarle las muñecas por detrás de la espalda le acaba fracturando un hueso de una de sus manos, con lo que ha cometido un delito de lesiones agravadas del artículo 148 (si se llegara a contemplar la concurrencia de alevosía). La cuestión, por lo tanto, es que Fernando será castigado por ambas conductas separadamente, sumándose las penas, en lugar de apreciar concurso ideal de delitos (comisión de varios hechos típicos en una sola conducta) que castigaría ambas conductas con la pena más grave de las dos en su mitad superior.
Pero no debemos desviarnos de la cuestión principal, que es la de descifrar ese concepto de integridad moral, y consecuentemente, también el de trato degradante, aunque este conste de una denominación mucho más gráfica. Para llevar a cabo dicho cometido deberé mencionar varias muestras de jurisprudencia. Por lo que, en vez de desarrollar un escrito que las intente resumir, voy a proceder a insertar una lista esquemática que expondrá fácilmente lo que dichas sentencias establecieron, todo ello sin perjuicio del posterior análisis jurisprudencial de casos concretos que realizaré.
• STS 13872008, de 18 de febrero: Ésta enumeró los elementos típicos que componen el delito del 173.1 CP, que son: Un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo; La concurrencia de un padecimiento físico o psíquico; Que el comportamiento sea degradante o humillante con especial incidencia en el concepto de dignidad de la víctima; Una nota de gravedad, estudiada individualmente en cada caso.
• STS 957/2007, de 28 de noviembre: Señaló que “La integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor de la vida humana independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor. “
• STC 120/90 de 27 de junio: Expuso que el artículo 15 CE garantiza el derecho a la integridad física y moral “mediante el cual se protege la inviolabilidad de la persona no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes, que carezca del consentimiento del titular”
• STS 213/2005 de 22 febrero: Explicó que la integridad moral se ve violada por elementos subjetivos tales como la humillación o vejación sufrida por la víctima que se ve tratada de forma instrumental y desprovista de su dignidad y por los elementos objetivos en referencia a la forma y modo en que produce el ataque.
• STS 824/2003 de 5 de Julio: Ésta dejó claro que este delito debe conllevar una agresión grave a la integridad moral constituyéndose dicha gravedad en el límite para aplicar, en su lugar, el delito leve (En aquél momento falta) de vejación injusta del 173.4 CP.
• STS 489/2003 de 2 de Abril: Puso el foco en la intensidad del ataque argumentando lo siguiente: “…Cuando en alguna sentencia nos remitimos a una duración notoria y persistente expresamos que el quebranto de la integridad moral que exige al tipo como resultado debe ser grave, conforme se exige en el art. 173, sin que se requiera que este quebranto grave se integre en el concepto de lesión psíquica cuya subsunción se encuentra en los tipos penales de las lesiones. La acción degradante se conceptúa como atentado a la dignidad que, normalmente requerirá una conducta continuada … si bien nada impide que la acción degradante pueda ser cumplida con una acción que presente una intensidad lesiva para la dignidad suficiente para la producción del resultado típico…”.
En resumen, debe tratarse de un acto de degradación personal o humillación de cierta intensidad que afecte a la dignidad de la persona, que se ve, por dicha agresión a su integridad, absolutamente cosificada y desprovista del respeto que merece por el mero hecho de ser persona. Podrá considerarse trato degradante, aquel que pueda crear en las víctimas sentimiento de temor, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral, tal y como estableció diversa jurisprudencia (STS nº 1061/2009, de 26 de octubre (RJ 2010, 112) y STS nº 20/2011, de 27 de enero (RJ 2011, 1932) )
Y ahora que ya contamos con elementos suficientes para comprender los dos conceptos que definen en gran medida este delito, debo introducir diferentes casos en los que se estima la comisión de este delito y otros en los que el órgano jurisdiccional correspondiente determinó que no podía calificarse la conducta del sujeto activo como de trato degradante que menoscaba gravemente la integridad moral.
Como muestra de sentencia estimatoria respecto a la concurrencia de un trato degradante que menoscabe gravemente la integridad moral de la víctima tenemos la de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, de 25 de mayo del año 2000 (AR 2000/731). En ella se relatan unos hechos del todo humillantes para quien los tuvo que sufrir. La historia es la siguiente: Unos amigos que habían salido por la tarde a dar una vuelta, acaban dirigiéndose en coche a un monte llamado Jaizkibel. En dicho lugar, obligan a uno de los chicos, entre todos, a desnudarse y le pintan con spray rosa todo el cuerpo, además de cortarle el pelo con unas tijeras, para seguidamente, abandonarle allí. La AP decide condenarle por el delito del 173.1 CP, al concurrir en la víctima, a su parecer, los sentimientos de temor, angustia e inferioridad susceptibles de humillación y quebranto de su resistencia física o moral. Lo hace citando las sentencias del TEDH en los casos ‘Soering’ de 7 de julio de 1989 y ‘Tomasi contra Francia’ de 7 de agosto de 1992, donde se exponían dichos requisitos para considerar que existe trato degradante. Este caso debe resultar ciertamente una guía para aplicar o no este artículo 173.1 CP, ya que, además de haber sido dicha sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, si bien no resulta absolutamente obvio que se trata de un caso donde se menoscabe gravemente la integridad moral, si que es un suceso que puede llegar a ser común, sobre todo teniendo en cuenta la extensión de prácticas humillantes en los campus de las universidades, cuando llegan las famosas novatadas.
Cabe mencionar, antes de pasar a las sentencias desestimatorias al respecto de este tipo penal, que diversas resoluciones han considerado la concurrencia del mismo en casos de bullying. Uno de ellos es el que enjuicia la Audiencia Provincial de Vizcaya, número 41/2012, de 4 de julio, que se encontró con un acoso prolongado durante 3 años, que incluía acciones como esperar a la víctima a la salida del colegio y llamarle al timbre de su casa para insultarle y agredirle, conductas que fueron consideradas por dicho órgano jurisdiccional como gravemente vejatorias o humillantes.
En el lado contrario, encontramos un buen surtido de sentencias que no apreciaron que se dieran los elementos necesarios para castigar el delito que tipifica el 173.1 CP. Una de ellas es la de la Audiencia Provincial de Toledo, número 18/2001, de 29 de mayo. En ella se encuentran los magistrados con un caso en el que un señor viudo de avanzada edad, Francisco, se encontraba viviendo con una de sus hijas y el marido de ésta. Además de haber quedado probado el continuo menoscabo de la integridad física de Don Francisco, el Ministerio Fiscal quiso argumentar que también existió menoscabo grave hacia la integridad moral de la víctima. Su hija y su marido, le habían afeitado el bigote, diciéndole que si era un hombre para llevar bigote debía de serlo también para no mearse en la cama, dado que por su condición médica Don Francisco no podía evitar orinarse encima en algunas ocasiones. Por los hechos probados, no pudo constatarse que se produjeran otros actos que menoscabaran la integridad moral de Don Francisco y, por lo tanto, todo quedó en un delito leve de vejaciones injustas (Cabe decir que dicha sentencia también fue confirmada posteriormente por el TS).
Una sentencia de lo más complicada, que se encuentra al límite de la apreciación de trato degradante que menoscaba gravemente la integridad moral es el que enjuicia la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia número 1416/2012, de 17 de diciembre. En ella, no se condena por el 173.1 a un hombre que durante tres días consecutivos, al haberse roto por completo su matrimonio con la víctima, se comportó de forma muy agresiva hacia su pareja, a la que insultó gravemente con expresiones del tipo “puta, zorra, hija de puta” (perdonen lo explícito, pero debe hacerse hincapié en los términos para valorar de qué conducta hablamos exactamente) e incluso la abofeteó, llegándole a tirar algún objeto o agarrándola, todo dirigido a hacerla desmerecer ante compañeros de trabajo, vecinos, profesores del hijo que tenían en común, etc. Pues dicho órgano consideró que se trata de un delito leve de vejaciones injustas, ante el desconcierto de quien os escribe.
En conclusión y para no alargarme más, parece ser que los Juzgados y Tribunales de nuestro país, requieren una actitud concretamente dirigida a humillar a la víctima (aunque sinceramente la descrita en la última sentencia citada de la AP de Madrid me parece a mí totalmente dirigida a ese fin, y por lo tanto, conforme a lo descrito por el 173.1 CP), a despojarle de su dignidad, no apreciando menoscabo grave de la integridad moral aquellos actos que, sin ir dirigidos a dicho fin, sencillamente, por graves que sean de todas maneras, acaban constituyendo únicamente insultos o malos tratos. Por lo tanto, cabe asumir que para poder castigar a través del artículo 173.1 CP deberemos encontrarnos con una situación en la que se pretende humillar a la víctima, provocándole además una situación de miedo, angustia o inferioridad, que cause estragos en su autoestima o en el desarrollo normal de su vida en cuanto a su dignidad personal, lo cual me parece justo lo que me pasa con la abogada denunciada. SOLICITO:
1.-Como son delitos contra el honor, justicia gratuita ya que son necesarios abogado y procurador si no me equivoco, o en su defecto que me digan los trámites a seguir para apoderarlos en esta ampliación de denuncia.
2.-Al ser una ampliación es necesario que se conteste mínimamente con un auto, no con una providencia como la última vez vulnerando mi derecho a una tutela judicial efectiva, recurso ya presentado y que de no ser aceptada en reforma ya tengo preparada el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal y desde luego no dudare en acudir al TEDH en caso de que el supremo no atienda mis razonadas peticiones.
3.-Que se habrán diligencias previas contra la abogada por los delitos art. nº 173.1
4.-Adjunto modelo para que se me informe si está bien el encabezamiento y de todos los demás requisitos legales que necesite, ya que si no estoy mal informado ha de ir con firma de abogado y procurador, por lo que vuelvo a solicitar justicia gratuita para el que parece probable caso de que me desestimen el recurso presentado la semana pasada de reforma y subsidiario de apelación que aun sin estar motivados los autos, que no deberían ser providencias además, parece que es algo normal en ese palacio de justicia porque ya tengo 4 escritos al menos en los que solo cambia un par de cosas, de diferentes procedimientos por lo que evidentemente no pueden estar razonados o bien razonados si son casi idénticos.
5.-Le recuerdo que no es que espere una respuesta motivada, es que está usted obligada a dármela para poder recurrirla en condiciones, que no seré abogado pero tampoco retrasado.
6.-Adjunto carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, de obligado cumplimiento en España, donde dice claramente en el punto 1 que tengo derecho a ser informado de los tramites necesarios para cualquier actuación sin necesidad de tener que ir a asesorarme a un abogado, pues es vuestra obligación, de hecho el recurso ya lo tengo hecho solo necesito su firma y los requisitos que tenga además de eso.
7.-Además solicito de nuevo la suspensión cautelar de esta persona como abogado colegiado para que no pueda ejercer mientras se aclaran los hechos, cosa que tiene que contestar expresamente porque es una medida cautelar que solicito y usted esta obviando. 8.-Solcito asimismo audiencia con la juez  Ana Jesús Zulueta Alvarez, tal y como es mi derecho según la citada carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia en el punto 14, para recordarle el punto 18 y hablar de otras cuestiones del procedimiento que no entiendo.

Y para que así conste firmo este escrito en Vitoria a 22 de Mayo del 2017.

Jaime Tapia Parreño

¿sabes quien es el colmo de la falta de tutela judicial efectiva? Jaime Tapia Parreño. Esto podría ser un chiste, aunque no es para reírse. A continuación pongo las 3 respuestas que me llegaron a sendos recursos de revisión tras conseguir con micrófono oculto la confesión de una de los delincuentes y sobre sus cómplices, esto sin tan siquiera dignarse escuchar las grabaciones, increíble. Además como se puede ver son burdos corta/pega, yo también se hacerlo al final pongo mi recurso del que entregue 3 copias con 3 encabezados diferentes. Por cierto si os fijais es una providencia y que yo sepa para contestar a un recurso extraordinario de revisión se hace mediante auto.

A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALAVA, SECCION 2 rollo 331/2014-E
RECURSO DE SUPLICA A LA DESESTIMACION TACITA DEL RECURSO DE REVISION EXTRAORDINARIO
Yo Eduardo Jorge Elorriaga de Rueda con DNI 72580431k y domicilio en C\Antonio Machado 48 2b Vitoria CP: 01010 y móvil 606030697, como mejor se ajuste a derecho y dentro del plazo legalmente establecido digo:
Presente un recurso extraordinario de revisión, no puede contestarse un recurso extraordinario de revisión con una providencia eso lo primero, se hace mediante auto, empezando por esto seguiré mi argumento:
El recurso de súplica Sólo cabe frente a resoluciones que deban revestir la forma de auto (artículo 236 de la Ley Enjuiciamiento Criminal). En este punto, ha de tenerse en cuenta que en muchos órganos judiciales se abusa de las providencias, que se dictan para resolver cuestiones que exceden del mero trámite. Por tanto en estos casos, con independencia de la forma concreta de la resolución (auto o providencia) deberá admitirse el recurso. Con estas precisiones debe interpretarse el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 octubre 2007:
“De acuerdo con la consolidada doctrina constitucional sobre el derecho a los recursos, cuya reiteración excusa aquí su reproducción (Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2007, de 21 de mayo, por todas), ha de descartarse en este caso cualquier atisbo de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a los recursos (artículo 24.1 de la Constitución Española), como consecuencia de que por la providencia de 14 de enero de 2005 se declarase no haber lugar al recurso de súplica que los demandantes interpusieron contra la providencia de 17 de diciembre de 2004, pues, de conformidad con el artículo 236 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de súplica únicamente procede contra los autos, no contra las providencias, de los Tribunales de lo criminal. Por lo tanto la inadmisión del recurso de súplica se ha fundado en este caso en una aplicación de la legislación procesal vigente que en modo alguno cabe calificar de inmotivada, manifiestamente irrazonable, arbitraria o incursa en error patente”.
1º Lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por falta de motivación del auto impugnado, porque el artículo 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe que los autos serán siempre fundados y que contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y los fundamentos de Derecho. La exigencia de motivación que establece dicho precepto, es por otro lado correlativa al contenido constitucional del derecho Fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución, que invocamos expresamente, además, a los efectos prevenidos en el artículo 44.1.c de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En efecto, es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, la que sostiene que entre las diferentes manifestaciones que comprende el derecho fundamental consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución, se halla la del derecho a que las resoluciones judiciales sean Motivadas, de tal suerte que el justiciable pueda conocer aquéllos motivos que en cada caso provocan la decisión adoptada por el Juzgador, para, en su caso, poder impugnarlos articulando los recursos a que haya lugar en Derecho sin padecer indefensión.
Sin embargo, el auto, lejos de cumplir con los requisitos a que aluden los preceptos enunciados, se encuentra huérfano de toda motivación, constituyendo una genérica y estereotipada resolución sin referencia concreta alguna a la presente causa, que bien podría aplicarse a cualquier Procedimiento, de hecho recibí 3 copias casi idénticas el mismo día lo que evidencia la falta de motivación. La necesaria motivación que exige el derecho fundamental invocado, no se satisface cuando por único fundamento se señala que “ESTESE A LO YA ACORDADO”. Máxime cuando realmente nada se ha actuado, pues tras interponer las denuncias, este Juzgado se limitó a acumularlas, y tras admitirlas, DAR traslado al Ministerio Fiscal. Es decir, ni tan siquiera la remisión a unas inexistentes actuaciones o diligencias, satisface en nuestro caso la necesidad de motivación, hallándonos por el contrario ante un total desconocimiento de los motivos y/o argumentos que han llevado a la audiencia a decretar “ESTESE A LO ACORDADO”. Lo que a su vez nos ubica en situación de indefensión al articular el presente recurso, en lo que al fondo del asunto se refiere, pues se nos impide refutar la argumentación que sustenta el pronunciamiento impugnado.
Es más, no entiendo cómo me pueden decir eso máxime cuando se han aportado pruebas de la confesión de una de las cómplice del delito.
La resolución recurrida no realiza ningún razonamiento sobre los hechos que resultan de la instrucción ni hace referencia alguna a los indicios existentes ni, en definitiva, a cuáles han sido los motivos por los que el Instructor ha estimado que los hechos no son constitutivos de delito, limitándose a citar algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal utilizando un formato de resolución pre constituido, impidiendo a esta parte al acceso al proceso sin conocer los motivos que llevan al Instructor a tal decisión, lo que ocasiona una situación de total indefensión a esta parte
.Ello determina la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida conforme a lo dispuesto en los artículos 238.3 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que deberá ser declarada la nulidad de pleno derecho, dejando sin efecto la providencia del día 10-05-2017..
En segundo lugar, no se ha realizado medida de investigación alguna en relación a aclarar los hechos denunciados. No debemos olvidar que la denuncia es una declaración de conocimiento que proporciona al Juzgado la existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delito; la ahora recurrente ha cumplido con su obligación de comunicar los hechos a la autoridad judicial, solicitando incluso la adopción de una medida cautelar debido a la gravedad de los mismos, sin que por parte del juzgado de instrucción se haya realizado una mínima actividad indagatoria.
En consecuencia, es el órgano judicial quien ha de velar por el cumplimiento de la legalidad, practicando cuantas diligencias de investigación sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo cual se ha omitido en los presentes autos en los que directamente se ha sin argumentación ni justificación alguna. Ni tan siquiera se menciona la existencia de dos documentos firmados por la misma persona con contenidos diametralmente opuestos, o sobre la infracción del artículo 464.1 o del  artículo 197.2 del código penal.
Dicha omisión vulnera igualmente el artículo 24 de la Constitución, puesto que las medidas de investigación son esenciales para clarificar los hechos denunciados, sirviendo de valoración al juzgado de instrucción en su decisión de continuar con el procedimiento.
Por otra parte, no debemos olvidar que los hechos denunciados representan un grave ataque al Derecho a la Integridad Moral, derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de nuestro texto constitucional y que como tal exige una especial protección en todos los ámbitos, incluyendo asimismo el auxilio de la jurisdicción penal ante posibles vulneraciones del mismo.
En consecuencia; nos vemos en la obligación ad cautelam, para el caso de desestimación, de invocar expresamente la vulneración de los artículos 15 y 24 de la Constitución en el auto recurrido
Así las cosas SOLICITO, constatada la vulneración del derecho fundamental invocado, procede en primer lugar Amparar el mismo, declarando la nulidad del  auto de 10-05-2017, retrotraer las actuaciones al Momento inmediatamente anterior a ser éste dictado, a fin de que la audiencia, con libertad de Criterio, se pronuncie de conformidad con el contenido constitucional del derecho amparado, con la consiguiente motivación, RESPONDIENDO AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION PRESENTADO y a las pruebas mencionadas.
 Y para que así conste firmo este escrito en Vitoria a 19  de Mayo  del 2017.
El recurso son dos paginas y añado esta otra por si no saben lo del día de gracia visto que me responden extraordinario de revisión con una providencia, cuando debería ser un auto.


En el día de gracia, y antes de las 15:00, presento la ampliación de estos recursos.
Según la doctrina del Tribunal Supremo, el artículo 135 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C. Ley 1/2000) es aplicable también al procedimiento penal (es norma supletoria ex art. 4 L.E.C.), y así en el cómputo de plazos del procedimiento penal, lo mismo que en el civil, también es de aplicación la regla del art. 135.1 de la L.E.C. de que «cuando la presentación de escritos esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en la Secretaría del Tribunal o, de existir, en la oficina o servicio de registro central que se haya establecido».Así se ha pronunciado el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en el Acuerdo nº 100/2003, de 24-1-03 (Aranzadi JUR 200338052):
ACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA SEGUNDA, ADOPTADO EN SU REUNIÓN DEL DÍA 24.01.03.
Cuestión:¿Es aplicable lo previsto en el art. 135 LECiv [Ley 1/2000, de 7-1-00, de Enjuiciamiento Civil], en materia de presentación de escritos, en el orden penal?.
ACUERDO:«LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA L.E.CIV. ES APLICABLE A LOS PROCESOS PENALES»
Y lo ha ratificado el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en Autos estimando los recursos de queja contra autos de Audiencias Provinciales que deniegan la preparación de recursos de casación por fuera de plazo, como el Auto del Tribunal Supremo de 12-2-2003 (Aranzadi RJ 20032088): «es evidente que no concurren diferencias de fondo que puedan dar razón de la diversidad de trato a que lleva la argumentación de la Audiencia. Pues no es imaginable algún motivo específico «ratione materiae» que impida extender la regla del art. 135,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al área de aplicación del art. 856 LECrim. En efecto, éste establece un plazo pero no dice cómo se computa, por lo que no existe ninguna razón legal de especialidad que impida la aplicación complementaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en este punto.

Ertzaintza Vitoria: igualdad =0

Tanto que hablan de igualdad,llame a la ertzaintza porque la ex me mandó al hospital y vinieron dos agentes que vieron mis marcas. No actuaron de oficio cuando mi ex se confesó culpable. Cuando denuncie no se acordaban de nada y en el informe no lo reflejaron. Cuando la deje tras una discusión y romper un mando llamo a la policía y vinieron 6, aunque no tenía ni un arañazo y casi me llevan detenido y al día siguiente juicio por un supuesto empujón que no existió, pero claro su palabra vale más, así que igualdad cero. 
Además a mi me decían que para que iba a denunciar y a ella le dijeron que los maltratadoras empezaban así rompiendo un mando y que tenía que denunciar. 
Otra cosa curiosa es que aún demostrando que la denuncia es falsa la fiscalia provincial de alava no hace nada, y los jueces menos, y eso que en todas las salas de denuncias de la ertzaintza que he visto pone un cartel con una leyenda que dice que la denuncia en falso es un delito...... Si bueno parece que es delito solo en teoría porque aquí en Vitoria no las persiguen ni investigan.

Alegaciones tenencia sustancias

A LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN---_______________ DOÑA MARIA JUANA ......... .........., con D.N.I. nÝ ............... y domicilio, a afectos de notificaciones, en c/ ............... nÝ ........de la ciudad de ........, comparece en el EXPEDIENTE ..../99, incoado por una presunta infracción del art. 25.1 de la L.O. 1/92, de Protección de la Seguridad Ciudadana y, como mejor proceda, DICE:Que le ha sido notificado el acuerdo de iniciación del expediente de referencia, y no estando conforme con su contenido, mediante el presente escrito viene a efectuar, en tiempo y forma, las siguientesALEGACIONES

PRIMERA.- Los hechos denunciados no son ciertos, debiendo deberse la denuncia a un error o a cualquier otra circunstancia, pues aunque efectivamente me encontraba el día de los hechos en el lugar que reza en la denuncia, no portaba sustancia estupefaciente alguna/ no estaba consumiendo sustancia estupefaciente alguna, como además corroborarán los testigos propuestos.

SEGUNDA.- Sin perjuicio de lo anterior, interesa reseñar cómo el registro al que me sometió la Guardia Civil/Policía Nacional fue totalmente injustificado, desproporcionado, denigrante e ilegal pues no existía motivo alguno para ello de conformidad con la legislación vigente.

TERCERO.- En todo caso, y para el improbable supuesto de que no se estimaran las presentes alegaciones, interesa resaltar cómo la sanción cuya cuantía aproximada se calcula en la cantidad de ........... pesetas entendemos es desproporcionada.
Aunque, como ya hemos expuesto, no se ha cometido infracción administrativa alguna, interesa señalar ( a efectos de no vernos precluidos en nuestro derecho ) que una hipotética sanción por los hechos denunciados debería establecerse en su grado mínimo, esto es, 50.001 pesetas, so pena de vulnerar el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, de conformidad con el art. 131 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, máxime cuando no existe reiteración ni reincidencia alguna y la naturaleza de los perjuicios causados ha de entenderse nula, siendo escasa la cantidad que se dice aprehendida.

Por lo expuesto
SUPLICO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener por hechas las manifestaciones que obran en el cuerpo del mismo, y tras los trámites legales, acuerde decretar la no existencia de responsabilidad al no haberse cometido infracción administrativa alguna.

OTROSI DIGO que, de conformidad con lo establecido en el art. 17 del R.D. 1398/93, del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, interesamos los siguientes medios de prueba:

- Testifical

A) de los agentes denunciantes, entendiendo que a la vista de las manifestaciones de esta parte no basta con la ratificación por escrito de la denuncia, sino que deberán ser oídos por el instructor.

B) De los acompañantes de esta parte el día de los hechos, D........, con domicilio en la c/ ........ de la ciudad de ....., D....... con domicilio en la c/ ....... de la ciudad de ..... y D......., con domicilio en la Avda. ....... de la ciudad de .....

Esta parte deberá ser citada para la práctica de la prueba propuesta.

- Pericial, consistente en análisis de la sustancia que se dice incautada, con expresa indicación del T.H.C. (principio activo de los derivados cannábicos) de la misma.
SEGUNDO OTROSI DIGO que esta parte solicita se le remita copia del expediente administrativo en su totalidad, y especialmente del acta de infracción que se debió levantar el día de los hechos así como, en su caso, del análisis que se haya podido realizar en la sustancia que se dice intervenida. Igualmente interesamos se remita toda la nueva documentación que se vaya incorporando al expediente.

TERCER OTROSI DIGO que esta parte designa como domicilio, a efectos de notificaciones, el sito en c/ ......., nÝ ..., de la ciudad de .........

Por lo que
SUPLICO que teniendo por propuestos estos medios de prueba y lo solicitado en los restantes otrosí digo, previos los trámites oportunos, se sirva admitirlos y acuerde lo necesario para su práctica.

En ........... a .......... de Diciembre de dos mil .....


Fdo. Doña María Juana..........
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A LA ATENCION DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN
(quien corresponda)

D. mayor de edad, con domicilio en de provisto de D.N.I. núm. , y en relacion con el Expediente Nº ante esta Administración comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Que habiéndoseme notificado acuerdo de incoación de procedimiento sancionador en el expediente referenciado y, dentro del plazo legalmente conferido para formular alegaciones, comparezco en el mismo y solicito que, previamente a la formulación de las mismas, me sea facilitada la documentación que luego detallaré en base a las siguientes:
A L E G A C I O N E S:




PRIMERA.- En la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se recoge entre otros mi derecho constitucional a la mejor defensa posible, entendiendo a tal fin que no es suficiente con la notificación de la incoación del procedimiento sancionador sino que además es preciso que se me ponga en conocimiento los hechos concretos objeto de la denuncia y el resultado del análisis que dio lugar a la incoación del presente procedimiento por cuanto que la versión recogida en el escrito que me ha sido notificado dista mucho de la realidad según se podrá comprobar.

SEGUNDA.- En Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en fecha 15-9-98 se decía literalmente: 3La posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración sancionadora se configuran en un estatuto jurídico de garantías que comprende también el derecho de defensa en el marco del expediente administrativo como consecuencia de la atracción del artículo 24 de la Constitución. La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo.
Ciertamente, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el procedimiento administrativo todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor del expediente no se encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas y ordenar la forma en que han de practicarse, pero, por encima de todo, debe procurar la efectividad del principio de igualdad de armas en el procedimiento, sin que quepa que cualquier irregularidad en ese sentido tenga que repararse en el proceso judicial.
En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1990 pone de relieve la independencia del procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo, de modo que la indefensión que en aquél se cause no siempre cabrá subsanarla en la vía judicial, señalándose que: "La resolución administrativa debe dictarse, respetando el sistema de garantías establecido en las normas rectoras del procedimiento, sistema de garantías cuyo designio final es la defensa del administrado frente a la Administración. Si este sistema no se respeta, el acto administrativo resulta viciado. La defensa posible ante la Jurisdicción no elimina la realidad y significación jurídica de la indefensión producida ante la Administración, so pena de confundir los papeles de ésta y aquélla, no le corresponde a la Jurisdicción imponer las sanciones, de ahí que las garantías legales para su imposición no puedan cumplirse ante ella, cuya misión se reduce a controlar si tales garantías se observa ron o no por la Administración".
La Ley 30/92 ha retenido el derecho constitucional de defensa -artículo 24- como derecho a alegar y probar en el marco del procedimiento administrativo sancionador -artículo 136-. Por tanto, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el instructor del expediente ha de permitir la práctica de los medios de prueba que el presunto responsable crea convenientes, siempre, claro está, que no sean ilícitos y sí adecuados -término de la Ley 30/92- o pertinentes -término empleado en el artículo 24 de la Constitución-, no siéndolo únicamente en aquellos casos en que no guardan relación con los hechos o no son significativos para alterar, modificar o influir la resolución final del expediente sancionador.

TERCERA.- Se reputa en consonancia con la cita jurisprudencial transcrita- que es pertinente y lícita la solicitud de documentos que ahora se realiza pues ya se anuncia que ni los hechos sucedieron como se relatan ni la sustancia intervenida es la que se dice analizada, conculcándose en caso de no obrarse así el derecho que tengo a impugnar el análisis efectuado y a proponer un nuevo análisis de la sustancia intervenida en el que se me dé la posibilidad de tomar parte habida cuenta que en el análisis practicado a instancias policiales no se me dio siquiera la posibilidad de intervenir.
Es por todo lo expuesto que intereso que me sean remitidos a la mayor brevedad los siguientes documentos:
a) FOTOCOPIA de la denuncia formulada por el Cuerpo correspondiente (G.C., Policía Nacional,etc.)
b) FOTOCOPIA del escrito del área funcional de Sanidad, remitiendo informes analíticos.
c) INFORME analítico con la composición química exacta de la sustancia incautada.
d) FOTOCOPIA de la recepción de la sustancia decomisada donde quede especificada ,la localizacion de la sustancia incautada durante la tramitación del expediente.

Manifestándole desde ya que, de no serme remitidos dichos documentos, se podría estar vulnerando mi derecho de defensa y el derecho a la igualdad de partes y se podría exigir la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Es por lo expuesto que a V.I. SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y declare la nulidad del procedimiento y acuerde el archivco de las actuaciones, o en otro caso me facilite la documentación indicada a fin de formular en debidas condiciones el correspondiente escrito en el que se recojan todas las alegaciones que ya anuncio haré en mi propio descargo.
Todo ello por ser de Justicia que pido en:

__________ a___de________de 2008"
__________________










 PRIMERA.- El artículo 25.1 de la precitada Ley de Seguridad Ciudadana dice que constituyen infracciones graves el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviese destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituyan infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. Por su parte, el artículo 20 de la citada Ley dispone en su punto 1 que ?los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?.

Ahora bien, en el supuesto ahora enjuiciado se ha ido más allá de lo dispuesto en el referido precepto toda vez que, según se desprende de la propia denuncia de la Guardia Civil, el expedientado, ni estaba consumiendo droga, ni tan siquiera llevaba visible la ínfima cantidad de sustancia que se le intervino, ni menos aún hacía ostentación de la misma; por el contrario, debieron los agentes proceder al cacheo de los ocupantes del vehículo y al registro del mismo para encontrar dicha sustancia en la guantera delantera del coche.

SEGUNDA.- Se impugna el análisis efectuado según me ha sido notificado por cuanto que el mismo adolece de graves irregularidades y no se ajusta a la sustancia intervenida, no habiéndoseme posibilitado además la intervención en el mismo, motivo por el cual solicito la práctica de nuevo análisis de la sustancia realmente intervenida en el que se me dé la posibilidad de participar, alegándose, además, los siguientes extremos:

-Que los informes analíticos emitidos no pueden ser tenidos como válidos ya que, siendo ésta la única prueba de cargo para iniciar este expediente sancionador, es necesario figuren en dicho informe analítico la composición química exacta de la sustancia con el fin de conocer el supuesto contenido en ?-9 T.H.C.( Delta-9 tetrahidrocannabinol), elemento que sirve para diferenciar entre cáñamo psicoactivo y cáñamo industrial, siendo este contenido en ?-9 T.H.C. el único que puede probar la psicoactividad o no de los derivados del cannabis.

- Que este dato no figura en el análisis remitido, siendo por lo tanto aplicable el principio "in dubio pro reo" hasta conocer si la sustancia incautada contiene los porcentajes requeridos de T.H.C. para poder ser declarada como sustancia psicotrópica o estupefaciente

-Que la sustancia incautada no es tóxica, ni estupefaciente y el documento emitido como análisis no prueba lo contrario.

-Que debo denunciar, así mismo, la invalidez de la copia del documento remitido como análisis ya que, según nuestro criterio, este documento carece de la validez que impone el enunciado de los artículos 46.2 y 46.4 de la L.O. de 26 de noviembre de 1992 referentes a la validez de los documentos públicos administrativos.

-Que este criterio viene dado por la falta del preceptivo sello o garantía del laboratorio que supuestamente ha llevado a cabo el análisis, no existiendo en el documento remitido como análisis el "sello del laboratorio de la división de estupefacientes del ministerio de sanidad y consumo de Madrid", el cual, según nos consta, es el único con competencias para llevar a cabo dichas pruebas analíticas. No estando autorizadas, ni capacitadas las dependencias de sanidad de las subdelegaciones del gobierno para llevar a cabo estos análisis, ni emitir dichos documentos.

-Que tengo que señalar también que, aunque el artículo 137.3 de la L.O. 26 de noviembre de 1992 en su primera parte otorga credibilidad y fiabilidad a los hechos constatados por funcionarios -a los que se reconoce la condición de autoridad-, no se observan en este caso los requisitos legales pertinentes para dicho reconocimiento, por lo que el documento emitido como análisis por la dependencia de sanidad de la subdelegación de xxxx carece del valor probatorio exigible a dichas pruebas periciales según se desprende de la segunda parte del enunciado del artículo 137.3 anteriormente citado.

-Así mismo, resulta contrario al principio de presunción de inocencia -recogido en el artículo 137.1 de la L.O. 26 de noviembre de 92- el hecho de que se remitan simplemente los resultados de los análisis efectuados por el laboratorio pero no se especifique el método, modalidad o clase de pericia realizada.

-Tampoco se observa en la practica de la pericia las debidas garantías para la salvaguarda de los derechos del denunciado en cuanto a que en ella existe una inobservancia del principio de contradicción, con la consiguiente consecuencia que ello conlleva de imponer a la parte denunciada la obligación de pasar por la pericia practicada y darla por buena, lo que a nuestro entender genera un caso claro de indefensión.

-Este hecho, por si mismo, debería poner en entredicho la eficacia o validez jurídica de la prueba practicada, independientemente de que se trate de un informe técnico o análisis procedente de un organismo oficial y que este tenga carácter imparcial y especializado ya que , esta presunción de imparcialidad no significa en absoluto que no deba o pueda admitirse prueba en contrario.

-Mencionar a efectos de conocimiento del juzgador que, de acuerdo con lo expuesto en la legislación vigente expuesta a continuación, es necesario conocer el porcentaje de T.H.C. contenido en una sustancia para declararla como hachís e incluirla en las listas prohibitivas internacionales, ya que una sustancia legal como es el cáñamo industrial también daría positiva en una analítica realizada con similares técnicas.

En tal sentido, la Ley 17/67 de 8 de abril de 1967, de normas reguladoras sobre estupefacientes, establece, entre otras, las siguientes cuestiones:

Art.-9 "Los preceptos anteriores no serán de aplicación al cultivo de la planta de la Cannabis destinada a fines industriales, siempre que carezcan de principio activo estupefaciente"

Art.-10 "La actuación de los servicios de control de estupefacientes a que se refiere el presente capitulo se llevara a cabo con la colaboración de los servicios del Ministerio de Agricultura en la forma que se instrumentara reglamentariamente." (Hoy en día esta instrumentación reglamentaria viene dada a través de las disposiciones de la UE en la materia.)

También el reglamento de la C.E.E. Nº1164/89 de la comisión de 28 de Abril establece entre otras las siguientes cuestiones:

Art.3-3 "La comprobación del nivel de Tetrahidrocannabinol (T.H.C.) y la toma de muestras para dicha comprobación se efectuara según el método descrito en el Anexo C"

El Anexo C se titula "Método comunitario para la determinación cuantitativa del ?-9 tetrahidrocannabinol de las variedades de cañamo" y en su primer apartado relativo al "Objeto y campo de aplicación" expresa que "Este método servirá para determinar el contenido del ?-9 tetrahidrocannabinol de las variedades del Cañamo (Cannabis Sativa) para comprobar si se respetan las condiciones previstas en el apartado .1º del Art. 3 del reglamento CEE N.º 619/71" para concluir en su apartado noveno que "El resultado se expresara en gramos de ?-9 terahidrocannabinol por 100 gramos de la muestra del laboratorio secada hasta un peso constante. SE APLICARA UNA TOLERANCIA DE 0.03Gr/100 Gr

-Desde el punto de vista de los hechos objetivos destacar que el hachís no es mas que un producto elaborado con la planta de la Cannabis Sativa, siéndole por tanto aplicables las mismas normas a efectos de control que a la planta de la cannabis.

-Siendo la sustancia motivo del expediente sancionador una cantidad mínima según consta en la denuncia realizada por la Guardia Civil, es lógico pensar que no se han aplicado correctamente las técnicas de Analítica expuestas en el Anexo-C del Reglamento de la C.E.E. N.º 1164/89, técnicas analíticas necesarias para poder determinar la naturaleza estupefaciente o no de la sustancia incautada, siendo por lo tanto aplicable al caso la presunción de inocencia recogida en el Art. 24.2 de la Constitución Española

-Insistir en que este informe analítico, el cual adolece de graves defectos técnicos, es la única prueba de cargo existente para determinar la comisión o no del ilícito administrativo y según nuestro criterio no ha quedado suficientemente probado tal ilícito administrativo al haberse practicado una analítica que omite datos imprescindibles para conocer la verdadera composición y naturaleza de la sustancia incautada.

-Por si esto no fuera suficiente, tampoco se ha representado en el desarrollo del procedimiento sancionador el principio de contradicción, al no poder contestar al análisis de la Administración, ni entrar los responsables de la tramitación del expediente a valorar lo alegado al respecto, lo cual produce una grave indefensión en el aquí administrado

Que la omisión de estos datos van en perjuicio de las garantías legales del administrado y vulnera de una forma clara la presunción de inocencia recogida en el Art. 137,1 de la L.O. 30/92 de 26/Nov. y en el Art. 22.4 de la Constitución Española




Vamos a acabar con estas líneas las pinceladas sobre cómo hacer alegaciones al acuerdo de iniciación de una multa por consumo o tenencia de drogas, siguiendo para ello el modelo que ofrecimos en el número anterior.

Una vez negados los hechos, otro de los puntos que parece conveniente reseñar (alegación segunda) es que el registro al que nos sometieron no fue legal. Para ello ya lo dejamos anunciado en estas alegaciones, sin perjuicio de que, posteriormente, desarrollemos más a fondo esta cuestión (por ejemplo, en las alegaciones a la propuesta de resolución o en el recurso de alzada ante la resolución sancionadora). De todas formas, hay que hacer dos matizaciones:

1 Las alusiones a la ilicitud del registro las haremos siempre y cuando la multa venga después de un cacheo o registro (es decir, una multa por tenencia), mientras que si es una multa por consumo en la vía pública no diremos nada de esto, puesto que las consideraciones sobre cacheos y registros son para casos de tenencia de drogas y no de consumo (por eso en el modelo de alegaciones del número anterior diferenciábamos, en la primera alegación, entre portar sustancia estupefaciente o consumir dicha sustancia).

2 El hecho de que hagamos referencia a la ilicitud del registro no significa que reconozcamos que nos han encontrado algo, sino únicamente que el registro o cacheo se produjo, y que el mismo es ilegal.

Por otra parte, la alegación tercera (principio de proporcionalidad) la utilizaremos cuando la sanción a imponer sea superior a los 300,51 euros que, como mínimo, está establecido en la "ley Corcuera". Es habitual que cuando la cantidad aprehendida tiene cierta consideración, o bien se trata de "drogas duras", la multa a imponer no sea en su grado mínimo. De ahí la importancia de hacer ver que consideramos desproporcionada la sanción y que, en cualquier caso, dicha sanción, de imponerse finalmente, habría de serlo en el mínimo legal, esto es, 300,51 euros.

Siguiendo con el orden de las alegaciones, finalizaremos (primer otrosí digo) proponiendo los medios de prueba. En cuanto a la testifical de las personas que nos acompañaban (ya que la testifical de los policías va a consistir, en la práctica, en que por escrito ratifiquen o no la denuncia), es importante la misma, ya que, por un lado, es la forma que tenemos de intentar demostrar que no se estaba haciendo nada ilegal y, por el otro, si nos deniegan dicha posibilidad de prueba (lo más habitual) nos permitirá impugnar la resolución que se dicte por no haber respetado el derecho a utilizar los medios de prueba necesarios para nuestra defensa. Iguales consideraciones cabe hacer sobre el análisis a solicitar: aunque normalmente constará ya en el expediente, es importante que remarquemos dicho extremo, insistiendo en que queremos saber el porcentaje de THC de la sustancia que se dice incautada (como veréis volvemos a no reconocer la tenencia o consumo de droga alguna, sino que hacemos referencia a la sustancia "que se dice" incautada) para poder conocer la verdadera naturaleza de la misma, por si fuesen derivados cannábicos sin toxicidad o psicoactividad alguna.

También pedimos que nos manden copia de todo el expediente administrativo: en todo caso, se puede ir en cualquier momento a la subdelegación donde se tramita el expediente y obtener allí mismo la copia de los documentos que deseemos.

Por último, recordad que desde que pasaron los hechos hasta que os llegue la primera carta no puede pasar más de un año (prescripción de la infracción), por lo que si hubiese pasado dicho período de tiempo habrá que señalarlo igualmente.

Una vez que nos ha llegado la primera carta (acuerdo de iniciación) para intentar sancionarnos por tenencia o consumo de drogas y hemos hecho nuestras alegaciones, lo siguiente que vamos a recibir es lo que se conoce como propuesta de resolución.

Esto consiste, al menos en teoría, en que la respectiva subdelegación del Gobierno ha leído las alegaciones que se han presentado al acuerdo de iniciación, ha realizado las pruebas que ha estimado pertinentes y "propone" una resolución al órgano competente para imponerla: por ejemplo, la delegación del Gobierno en una comunidad autónoma. Es decir, en este caso, la Subdelegación no impone la sanción, sino que tramita el expediente y es otro órgano administrativo el que se encarga de imponerla (esto tiene algunas matizaciones, pues se puede delegar dicha competencia pero no son importantes para lo que ahora queremos hacer).

Pues bien, en este lapso de tiempo que va desde que hemos presentado nuestras alegaciones hasta el acuerdo de iniciación y la notificación de la propuesta de resolución es cuando han debido practicarse todas aquellas pruebas solicitadas y que ellos hayan estimado pertinentes, además de las que ya constasen en el expediente. Por eso, normalmente ya estará el análisis de la sustancia que se dice intervenida, la ratificación de los policías denunciantes y, en su caso, la prueba testifical de las personas que acompañaban a la denunciada (en el caso del ejemplo, nuestra amiga María Juana).

No hay un solo tipo de alegaciones para cuando nos notifican la propuesta de resolución, sino que las mismas van a depender de lo que haya o no haya en el expediente administrativo y de lo que nos notifiquen. Hemos preferido poner unas alegaciones para lo que son los supuestos más frecuentes, aunque a continuación explicaremos otros casos que también se pueden dar.

En el ejemplo con el que estamos trabajando damos por hecho que la policía denunciante ha ratificado la denuncia, que la sanción a imponer es la mínima, que hay un análisis de la sustancia y que no se ha practicado la prueba testifical de los acompañantes de la denunciada.

Con base, pues, en estas premisas es por lo que hemos hecho dos alegaciones. La primera de ellas es la relativa al análisis: partimos de que el análisis estará en el expediente (en la inmensa mayoría de los casos el análisis está antes de que se mande la primera carta), pero que no constará el tanto por ciento de THC. Por eso explicamos que ese análisis, tal cual, no es válido, pues si no sabemos cuál es el porcentaje de THC, teóricamente, al menos, podría tratarse de derivados cannábicos sin toxicidad ni psicoactividad y no ser, por tanto, droga.

En la segunda de las alegaciones hacemos ver que no nos han permitido realizar la prueba testifical de nuestros acompañantes (lo cual sucederá también en la inmensa mayoría de los casos). Además de otras consideraciones que dejamos para el siguiente artículo, lo que interesa en este momento es hacer ver cómo no sólo no se ha practicado una determinada prueba, sino que ni siquiera se ha comunicado motivadamente dicha denegación. No son alegaciones, quizás, que vayan a tener un efecto inmediato, pero sí interesa hacerlas ver desde el primer momento en que se producen dichas vulneraciones.

Otras posibles alegaciones
Como estamos comentando, en cada expediente pueden pasar cosas muy distintas, por lo que hemos escogido uno general, aunque existen otras alegaciones posibles. Para ello, y tal como decíamos en el número anterior, antes de que vayamos a hacer estas alegaciones a la propuesta de resolución es muy importante que contemos en nuestro poder con una copia del expediente en su totalidad para poder ver lo que hay y, sobre todo, lo que no hay. Vamos a ver diversos supuestos con los que nos podemos encontrar y lo que habría que decir en ese caso.


Ratificación de los agentes denunciantes
Al negar los hechos en nuestras anteriores alegaciones obligamos a que los agentes denunciantes (es decir, aquellos que intervinieron el día en que se produjo la aprehensión de la sustancia que se llevaba o se estaba consumiendo) ratifiquen la denuncia. Si ratifican la denuncia presentada en su día eso puede bastar para que nos impongan la sanción, pues tienen una presunción legal de veracidad (artículo 37 de la LO 1/92); es decir, se presume que lo que dicen es cierto y que, por tanto, sirve para acreditar los hechos denunciados. Para ello, debe constar en el expediente dicha ratificación. Normalmente será una hoja donde pondrá que los agentes denunciantes se ratifican en la denuncia presentada.

Paralelamente, tenemos que examinar también el acta de infracción (es decir, el acta en que se recoge lo que pasó el día en que se produjo la intervención. En dicha acta deberá constar el nombre y DNI del denunciado, la cantidad y presunta naturaleza de la sustancia intervenida, así como la identificación de los agentes denunciantes).
Así, hemos de ver que los agentes que ratifican la denuncia son los mismos, o al menos uno de ellos, que constan en el acta de infracción. Por eso, si son otros agentes los que ratifican la denuncia por ellos, incluso si es su jefe el que hace la ratificación de la denuncia, dicha ratificación no es válida y la presunción de veracidad con la que cuentan no tendría efectos. En el supuesto de que esa ratificación no fuese hecha tal como estamos explicando, se podría decir algo así:

"Como tiene establecido el Tribunal Constitucional (sentencias 138/1990 y 341/1993) y, derivada de dicha interpretación, los tribunales superiores de justicia (a modo simplemente ejemplificativo, sentencias de 3 de marzo de 1998 del TSJ de Cantabria; de 21 de enero de 1998 del TSJ de Asturias; de 16 de enero de 1998 del TSJ de Cantabria; de 29 de abril de 1997 del TSJ de Cantabria; de 28 de diciembre de 1996 del TSJ de la Rioja y, a sensu contrario, sentencias de 11 de diciembre de 1996 del TSJ de La Rioja y sentencia de 2 de septiembre de 1996 del TSJ de Castilla y León, Burgos), la presunción de inocencia, que despliega su eficacia no sólo en el ámbito procesal penal sino también en el administrativo sancionador, se constituye como una presunción iuris tantum que garantiza el derecho a no sufrir una sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria.

Frente a esto, el artículo 37 de la LO 1/92 configura una presunción legal de certeza en el ámbito administrativo de las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad que hubieran presenciado los hechos (en nuestro caso, el sargento de la Guardia Civil X y el agente Y) previa ratificación en caso de que tales hechos fueran negados por los inculpados. De esta exposición se desprende que para la validez del citado artículo 37 de la LO 1/92 hacen falta, principalmente, dos requisitos:

a) que la denuncia la formulen los agentes que hayan presenciado los hechos;
b) la ratificación de los mismos agentes en los hechos, o de uno de ellos al menos, cuando fueran negados por los afectados.

Como ya hemos expuesto, no se ha producido ni legal ni jurisprudencialmente, la ratificación en forma que exige el artículo 37, al no constar que el funcionario que ratifica la denuncia sea uno de los agentes denunciantes. Por tanto, al no haber sido destruida la presunción de inocencia, procede dictar resolución que así lo recoja".


Ausencia total de análisis
En este caso, las alegaciones a realizar serían más claras. Si nos acusan de consumir o tener drogas y no existe un análisis de la sustancia que intervinieron, no puede imponerse sanción alguna, puesto que no está acreditado que se consumiera o portase sustancia estupefaciente alguna.


La sanción a imponer no es la mínima
Haríamos, en este caso, unas alegaciones parecidas a las del acuerdo de iniciación, esto es, que "so pena de vulnerar el principio de proporcionalidad, del artículo 131 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la sanción a imponer ha de ser en su grado mínimo toda vez que no existe reiteración ni reincidencia alguna y la naturaleza de los perjuicios causados ha de entenderse nula, siendo escasa la cantidad que se dice aprehendida."

Admisión de testigos
A veces nos permiten aportar el testimonio de personas que nos acompañaban (prueba testifical). De producirse dicha posibilidad la práctica que tienen en las respectivas subdelegaciones es la de, con anterioridad a remitir la propuesta de resolución, conceder un plazo de quince días para que se aporte por escrito el testimonio de esas personas. De ser así, lo que haremos será mandar, a la subdelegación del Gobierno que tramite el expediente, un escrito firmado por nosotros y diciendo que acompañamos la testifical de las personas que nos acompañaban, con indicación del expediente de que se trate. En dicha testifical, nuestros acompañantes dirán, si así es el caso, que los hechos denunciados no son ciertos toda vez que ellos estaban presentes y presenciaron cómo no se produjo intervención de sustancia estupefaciente alguna.

En ese supuesto, al hacer las alegaciones a la propuesta de resolución, suponiendo que digan que mantienen la sanción, habrá que señalar que se ha demostrado (a través de esa prueba testifical) que los hechos denunciados no son ciertos y que, aunque las denuncias de los agentes de la autoridad pueden ser base suficiente para imponer una sanción si ratifican la primitiva denuncia, cabe prueba en contrario que destruya esa presunción de veracidad que tienen los agentes, presunción de veracidad que hemos destruido al aportar el testimonio de nuestros testigos.

Si no nos dan copia del expediente
Si no nos dan copia del expediente, o bien si no nos llega a tiempo para cuando tengamos que presentar nuestras alegaciones (si es que nos lo van a mandar por correos), haremos ver dicha circunstancia y pediremos que nos den nuevo plazo para hacer las alegaciones, sin perjuicio de que presentemos las alegaciones que tengamos.

Plazos para presentar las alegaciones
El plazo con el que contamos es también de quince días hábiles, por lo que haremos lo mismo que en las alegaciones al acuerdo de iniciación, esto es, esperar al último día para presentarlas.

Lugar de presentación
Nos remitimos a lo que ya dijimos. Las podéis presentar en cualquier registro público o a través de correos, mediante carta certificada dirigida a la correspondiente subdelegación, previo sellado de la copia que llevéis.
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A LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN ------------------DOÑA MARIA JUANA .......... ........., cuyas demás circunstancias constan en el EXPEDIENTE ...../99 tramitado por una presunta infracción del art. 25.1 de la L.O. 1/92, de Protección de la Seguridad Ciudadana, ante esta Subdelegación comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que en el expediente de referencia le ha sido notificada la propuesta de resolución del mismo, y no estando conforme con su contenido, en tiempo y forma, viene a realizar las siguientesALEGACIONES

PRIMERA.- Sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, resulta que el informe toxicológico emitido no puede ser suficiente para fundamentar una resolución sancionadora por vulneración del art. 25.1 de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Efectivamente, consta en el expediente administrativo el resultado del análisis que realiza la Dependencia de Sanidad y que según la analista consiste en hachís/marihuana/grifa. Lo que no se indica en dicho informe cual es el porcentaje de T.H.C. ( Tetrahidrocannabinol , el principal principio activo de los derivados cannábicos, aunque no el único ) en la sustancia analizada, aspecto éste expresamente solicitado por la hoy alegante.
Esta cuestión, que a primera vista podría parecer baladí, cobra vital importancia si examinamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha encargado de establecer qué podemos entender por derivados del cannabis y en que concepto encuadrarlos ( aceite de hachís, hachís, marihuana, grifa, kifi, cáñamo textil ) en función del porcentaje de T.H.C. que presentaran.
No vamos a entrar ahora en las diferencias en el porcentaje del T.H.C. para considerar una sustancia como aceite de hachís, hachís, griffa, kifi o marihuana, pero lo que es evidente es que hay unos porcentajes de T.H.C. por debajo de los cuales el Tribunal Supremo considera que la sustancia en cuestión no debe ser considerada " droga", pudiendo tratarse de cáñamo textil o análogos sin toxicidad ni psicoactividad alguna.
El porcentaje de T.H.C. por debajo del cual no podríamos hablar de " droga " viene siendo establecido entre el 0,5 y el 1% de T.H.C. La conclusión es que al no quedar acreditado cual es el porcentaje de T.H.C. en las sustancias analizadas en este procedimiento, no podemos saber si realmente éstas correspondían a alguna de las categorías que son constitutivas de infracción administrativa, pues podría tratarse de sustancia sin toxicidad ni psicoactividad alguna, no pudiendo imponerse sanción alguna por ello.
De hecho, la propia Circular de 3 de Junio de 1976, de la Dirección General de Sanidad, sobre Informes Analíticos y Toma de Muestras, establece como aquellos análisis de supuestos derivados cannábicos cuyo porcentaje de T.H.C. sea inferior al 0.5 % deben considerarse como cáñamo industrial sin actividad farmacológica alguna.

Al no existir prueba de cargo que acredite la verdadera naturaleza de la sustancia aprehendida ( y, por tanto, no saber si consiste en alguna de las recogidas en el art. 25.1 de la L.O. 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana ) deben estimarse estas alegaciones y dictar resolución por la que se decrete la no existencia de responsabilidad administrativa .
SEGUNDA- Relacionado con la anterior alegación se formula la presente toda vez que ha sido lesionado el DERECHO A UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES PARA LA DEFENSA habiendo producido INDEFENSION a esta parte.
El procedimiento sancionador cuya propuesta de resolución impugnamos tiene una especial característica consistente en que las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad, previa ratificación en caso de haber sido negadas por el interesado, podrán constituir base suficiente para fundamentar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario ......... ( art. 37 de la L.O. 1/92, de Protección de la Seguridad Ciudadana ), esto es, existe una presunción de veracidad de las informaciones de los agentes denunciantes, previa ratificación en caso de ser negadas, presunción iuris tantum que admite, pues, prueba en contrario.
En el expediente administrativo se solicitó en el momento procedimental oportuno la práctica de una serie de pruebas. Por un lado, se solicitaba la práctica de prueba testifical de los acompañantes el día de los hechos del compareciente y, de otro, se solicitaba un análisis completo de la sustancia aprehendida.
Pues bien, infringiendo lo dispuesto en los arts. 135 y 137.4 de la Ley 30/92; del art. 17 del RD 1398/93, del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y del art. 24.2 de la Constitución española, no sólo no se practicaron dichos medios de prueba sino que, ni siquiera, se denegó de forma motivada el porqué de dicha circunstancia, lo que vulnera claramente el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba, debiendo pues dictar resolución administrativa por la que se declare dicha vulneración. Por lo expuesto
SUPLICO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga por efectuadas alegaciones a la propuesta de resolución notificada.

En ............................... a ...... de ....................... de .........

Fdo. María Juana
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Bien, tal y como veis en el modelo, ya ha llegado la tercera carta al domicilio que designamos para recibir las notificaciones: la resolución sancionadora (esto sÌ es la multa) y, en el caso del ejemplo, nos dicen que se ha tramitado el correspondiente procedimiento, que se consideran acreditados determinados hechos y que imponen una sanción.


Ante eso, nos queda la posibilidad de interponer recurso de alzada en el plazo de un mes (es decir, no son treinta dÌas hábiles, sino un mes contado desde que se recibe la carta) ante el ministro de Interior.
Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, hay múltiples formas de hacer estos recursos, y aquÌ os ofrecemos un modelo sencillo para que podáis hacerlo vosotros mismos. Igualmente y, aunque en un expediente administrativo de este tipo pueden ocurrir muchas cosas, vamos a poner en este modelo de recurso alguno de los supuestos más frecuentes.

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